ARTICULO
GERARDO REYES
El Nuevo Herald
El director de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela participó en una operación de encubrimiento, falsedad e intento de soborno para evitar que el empresario Guido Antonini Wilson revelara la fuente y el destino de unos $800,000 que le fueron confiscados en Argentina en agosto, según una acusación formal de un gran jurado de Miami revelada ayer.
La acusación omitió mencionar una ''campaña presidencial argentina'' como beneficiaria de los pagos tal y como lo hizo el agente del FBI que preparó la denuncia criminal radicada en Miami el pasado 12 de diciembre y que precedió a la formulación de cargos.
El fiscal del caso Tom Mulvihill llego incluso a asegurar, en una audiencia de notificación de cargos contra los acusados, que se trataba de la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández, lo cual desató una crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington.
Aunque el nombre del jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip, Henry Rangel Silva, no es mencionado en el encausamiento y no aparece en la lista de acusados, allí se afirma que el funcionario llamó a Antonini para informarle que se había enterado de sus inquietudes luego de que un emisario de la Disip se reunió con el empresario en Miami.
Otro detalle novedoso de la acusación es que no aclara si el maletín confiscado pertenecía o estaba en poder de Antonini, como se afirmó en el affidavit del FBI.
En un cuidadoso lenguaje, el documento acusatorio se limita a afirmar que la aduana argentina confiscó el dinero durante una pesquisa al equipaje de los pasajeros entre los cuales estaban funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA y Antonini.
El encausamiento de ayer precisa y amplía los hechos de la denuncia criminal en los que se basó la fiscalía federal para formular los cargos contra:
Moisés Maionica: Abogado venezolano con conexiones con la Disip; arrestado.
Antonio José Cánchica Gómez: emisario de la Disip; fugitivo.
Rodolfo Wanseele Paciello: ciudadano uruguayo residente de Miami, contratado para hacer contravigilancia; arrestado. Su liberación bajo fianza está en discusión.
Franklin Durán: Acaudalado empresario petrolero, urbanizador y comerciante de implementos de seguridad; arrestado.
Carlos Kauffmann: Empresario venezolano millonario propietario de una empresa de petroquímica; arrestado.
Todos fueron acusados de confabularse para actuar como agentes del gobierno de Venezuela sin autorización de Estados Unidos en una operación que pretendía mantener en silencio a Antonini y borrar la trayectoria del dinero confiscado en Argentina.
Antonini fue detenido brevemente en el aeropuerto de Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto luego de que intentó ingresar con una valija que contenía unos $800,000 sin declarar.
Tras el fiasco en Argentina, Antonini regresó a su residencia en Key Biscayne la segunda semana de agosto y partir de esa fecha empezó una serie de conversaciones telefónicas y reuniones con los acusados, estas últimas en cafeterías y restaurantes del sur de la Florida.
El encausamiento no explica en qué fecha fue que Antonini empezó a cooperar con las autoridades. La primera reunión, según la acusación, se produjo el 23 de agosto en el restaurante Jackson Steakhouse de Fort Lauderdale donde Durán, Kauffmann y Maionica le informaron del destino del dinero.
Aunque la denuncia del FBI afirmaba originalmente que en esta reunión Kauffmann sugirió que la vida de los hijos de Antonini estaría en peligro dependiendo de sus decisiones, la acusación no citó ese incidente que fue utilizado por el fiscal del caso para solicitar la negativa de libertad bajo fianza de Kauffmann.
Sólo se afirma que Kauffmann dijo que a Venezuela no le convenía que Antonini tuviera ''problemas'' con ese país.
Durante la segunda reunión, realizada 7 de septiembre, en el mismo restaurante, Durán le advirtió a Antonini que las autoridades venezolanas ``no confiaban en él y sospechaban que Antonini estaba hablando con las autoridades de Estados Unidos''.
Para esta fecha, varias columnas de rumores de la prensa de Venezuela reportaban que Antonini estaba cooperando con el FBI.
Aparentemente la desconfianza fue superada tanto por los acusados como por el gobierno de Venezuela pues Maionica, mediante varias conversaciones telefónicas, organizó una reunión entre Antonini y Cánchica Gómez, emisario de la Disip.
A estas alturas, afirma la causa, Maionica le había confesado a Antonini que su participación en toda esta operación comenzó luego de una conversación que mantuvo en forma simultánea en tres líneas con el vicepresidente de Venezuela y el director de la Disip.
Culminada la entrevista entre Cánchica y Antonini, Maionica le anunció a Antonini que recibiría una llamada de un hombre que se identificaría con el código de Arvelo. Agrega la acusación que el 6 de anoviembre a las 4:16 pm. Antonini recibió una llamada de un individuo que se identificó con el código acordado y le comentó que ya estaba enterado de todas sus ''inquietudes'' gracias a la visita de su emisario. A las seis de la tarde y dos minutos de ese mismo día, Maionica llamó a Antonini y le dijo que Arvelo era el director de la Disip.
El siguiente paso de la operación, agrega la acusación, fue el encubrimiento de la trayectoria del dinero mediante la confección de documentos falsos.
En ese punto, el FBI intervino y arrestó a los acusados que afrontan una pena de prisión hasta 10 años.
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